BBVA Mi jubilación - Fondo documental

este artículo repasa la situación actual de las pensiones en España, planteando tres cuestiones fundamentales: i) ¿cuáles son los objetivos que cumple y debería cumplir el sistema público español de pensiones?; ii) ¿qué implicaciones tienen los cambios demográficos y tecnológicos para el diseño de los sistemas de pensiones que aspiren a alcanzar dichos objetivos?; y iii) ¿cuáles son las estrategias de reforma disponibles y hasta qué punto sistemas alternativos basados en la capitalización del ahorro individual o colectivo pueden constituir una alternativa viable en aras de esos objetivos? Las respuestas a estas cuestiones tienen un componente analítico y técnico, pero también implicaciones socioeconómicas y para la equidad intra- e intergeneracional. Para configurar un sistema público de pensiones del siglo XXI que pueda cumplir los objetivos de sustitución de rentas, aseguramiento de la longevidad y eliminación de la pobreza durante la vejez son necesarias reformas profundas.

El envejecimiento poblacional es particularmente acusado en España, resultado de la baja tasa de natalidad y del aumento de la esperanza de vida. Así, la tasa de dependencia está previsto que aumente del 29,6 por 100 en 2018 hasta el 49,5 por 100 en 2040. El impacto económico de este cambio demográfico no se circunscribe al sistema del bienestar, sino que afecta a toda la sociedad, e influencia el crecimiento económico, los patrones de consumo y ahorro o la productividad. Este análisis muestra que la contribución de la fuerza laboral al crecimiento del PIB se reducirá de manera marcada en España, pasando de una aportación positiva de +0,6 puntos porcentuales (p.p.) anuales entre 2000-2018 a otra negativa entre -0,4 p.p. y -0,8 p.p. en 2040. Por su parte, la contribución de la fuerza laboral al PIB per c ápita se reducirá del +0,3 p.p. anuales promedio en 2000-2018 hasta -0,2 pp y -0,6 p.p. en 2040. La intensidad de este descenso dependerá de la respuesta en términos de participación en el empleo y de la inmigración. El conjunto de mecanismos existentes para paliarlo abarcan desde el aumento de la tasa de participación, el alargamiento de la vida laboral, mejoras de la productividad o mayores flujos de inmigración. Sin embargo, el impacto del envejecimiento poblacional no se logrará reducir de manera significativa sin aplicar todo el conjunto de mecanismos existentes.

El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países desarrollados, las proyecciones de población de España plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país europeo más longevo en 2050. El objetivo de este artículo es analizar en qué situación se encuentra nuestro sistema de pensiones y como debería adaptarse para seguir vigente y en plena salud financiera en el siglo XXI. En concreto, se analizan las limitaciones de las últimas reformas emprendidas y se proponen los elementos cruciales de la que sería una reforma financiera y políticamente sostenible para adaptar nuestro sistema de pensiones de una forma definitiva a la nueva realidad demográfica.

Este documento estima el impacto de las políticas de pensiones en el gasto de los hogares. La estrategia de identificación utiliza la desviación de los ingresos y del gasto de los pensionistas causada por la introducción de un nuevo sistema de pensiones durante las décadas de los años 1980 y 1990 en España, y construye una nueva serie narrativa de cambios legislados en el sistema de pensiones. Se presentan una variedad de estimaciones, algunas de las cuales implican que los aumentos en la pensión media tienen un efecto de, aproximadamente, uno por uno en el gasto de los pensionistas. Los efectos más significativos afectan a los pensionistas con altos niveles de gasto, de renta y de riqueza. Estimaciones para diferentes categorías de gasto indican que el aumento de las prestaciones induce a estos pensionistas a gastar más en bienes duraderos. Al mismo tiempo, las políticas de pensiones dirigidas a los pensionistas con menor nivel de renta parecen infl uir positivamente en el gasto en bienes no duraderos y de primera necesidad como alimentación.

El sistema público español de pensiones, a pesar de la percepción de una parte de la opinión pública, tiene unas prestaciones medias que superan al promedio de las de la Unión Europea cuando se comparan ratios significativas (replacement rate y benefit rate). El sistema se enfrenta a un muy exigente reto en las próximas tres décadas debido al continuado proceso de envejecimiento de la población, provocado por una mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. Los estudios analizados en este artículo muestran que, incluso disponiendo de un escenario demográfico favorable, aumentará sensiblemente el nivel de esfuerzo exigido a la sociedad española (gasto pensiones sobre PIB) para mantener el actual nivel de cobertura. Por este motivo, la sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en la que solo se pueden cumplir dos de los objetivos

En este artículo se analizan las tendencias recientes en la edad media de jubilación a la luz de la reforma de 2011 y de las distintas modalidades de acceso a la jubilación. El análisis arroja los siguientes resultados. En primer lugar, la edad efectiva de jubilación ha tendido a aumentar en los últimos años como resultado del incremento neto de la edad de jubilación dentro de cada modalidad de jubilación, que ha más que compensado el efecto contrario propiciado por el mayor peso de las diferentes modalidades de jubilación anticipada. En segundo lugar, la incidencia de la reforma de 2011, desde la óptica de la edad de jubilación, aún es aparentemente limitada, debido al todavía notable porcentaje de altas que acceden a la jubilación según la normativa previa a aquella, así como a las disposiciones que permiten mantener en 65 años la edad legal de jubilación para las personas con carreras de cotización suficientemente amplias. En tercer lugar, los trabajadores que acceden a alguna modalidad de jubilación anticipada y los que se jubilan parcialmente ostentan, en media, la edad de jubilación más temprana. Sin embargo, estos trabajadores acreditan, en general, períodos de cotización y bases reguladoras relativamente altas.