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Diez preguntas sobre la revalorización de las pensiones

En el debate español sobre las pensiones, la cuestión de la revalorización ha adquirido una posición central en los dos últimos años. El movimiento de protesta de los pensionistas, especialmente activo en diferentes comunidades autónomas desde 2016, cobró fuerza partir del otoño de 2017, cuando recibió el apoyo institucional de los sindicatos. Desde enero de 2018, las movilizaciones –convocadas cada semana y puntualmente cubiertas por los medios de comunicación– han hecho de la lucha contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones su “leitmotiv”. Cabe destacar que ni las pancartas de los manifestantes ni las declaraciones de quienes organizan las manifestaciones recogen argumentos económico-financieros (relacionados con la sostenibilidad del sistema); antes bien, las consignas que se publican tienen un contenido eminentemente moral, en la medida en que aluden a cuestiones de “justicia social” y “dignidad”. En el discurso de las movilizaciones, la justicia y dignidad de las pensiones aparecen, en buena medida, asociadas a la revalorización de las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, las pensiones no revalorizadas en función del IPC se tienen por “injustas” e “indignas”.

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