La puesta en marcha de la Ley de Dependencia 1 en nuestro país ahora hace exactamente catorce años supuso una excelente noticia. Sin duda se trata de una cobertura necesaria en sociedades modernas con estados sólidos de bienestar, a los que se une de forma cada vez más notable una mayor longevidad. Y es que, aunque no debemos olvidar que el fenómeno de la dependencia o necesidad de cuidados de larga duración afecta a la población en todos sus rangos de edad, es a partir de edades avanzadas cuando su aparición es más frecuente, como consecuencia muchas veces del propio envejecimiento de la persona (según datos del Instituto de Mayores y Asuntos Sociales, del total de personas beneficiarias con prestación de dependencia a 31 de diciembre de 2020, el 71,8% tienen más de 65 años, siendo el 53,7% mayores de 80 años).
Con la excepción de aquellas situaciones en las que la dependencia viene causada por factores accidentales, como la derivada de accidentes de tráfico (Alemany, Ayuso y Guillén, 2013), o de accidentes en el hogar y de ocio (Alemany, Ayuso y Guillén, 2018), la necesidad de ayuda aumenta a medida que aumenta la edad de la persona, siendo además mayor entre las mujeres que entre los hombres (un 64% mujeres, un 36% hombres, según IMSERS0, 2021). De forma lógica, por tanto, si nos movemos como ocurre en nuestro país en entornos de una mayor longevidad y una mayor concentración de personas en intervalos de edad avanzada, cabe esperar un aumento en el número de personas con dependencia, con un requerimiento cada vez mayor de necesidades presupuestarias para cubrir este concepto. A modo de ejemplo, si suponemos que se mantienen las tasas de prevalencia que observamos actualmente en la población mayor de 80 años, y tenemos en cuenta las estimaciones de población que para dicho intervalo de edad realiza el Instituto Nacional de Estadística para el año 2030, hablaríamos de aproximadamente 750 mil personas mayores de 80 años dependientes (prácticamente, un 23,2% más que en la actualidad) y de 1,2 millones en 2050 (el doble que en la actualidad). La cobertura de dependencia gana, por tanto, un nivel protagonista, junto a otras prestaciones como las pensiones o la sanidad.
La forma como se ofrece la cobertura de dependencia cobra también especial relevancia. Tradicionalmente en España la ayuda ha sido prestada por personas cercanas al entorno de la persona dependiente, en lo que conocemos como prestación de cuidados informales. Sin embargo, la mayor esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres ha hecho emerger la figura del cuidador de mayor edad. Y es que, ante familias con menor número de hijos, y con una estructura societaria distinta, en la que las mujeres (tradicionalmente, hijas cuidadoras) forman parte cada vez de forma más significativa del mercado laboral, las parejas de las personas dependientes cobran cada vez mayor protagonismo. Teniendo en cuenta la distancia entre edades para ambos cónyuges (o parejas de hecho) cabe suponer que el cuidador será también una persona mayor, que puede sufrir una aceleración en su deterioro de salud como consecuencia derivada. A ello se suma el hecho del mayor número de personas mayores que viven solas (prácticamente el 25% de la población mayor de 65 años según INE (2019) para las que las prestaciones formales pueden acabar constituyéndose en la ayuda fundamental.
La cobertura de dependencia se enfrenta, por tanto, a un nuevo modelo de gestión (fijémonos como el COVID-19 nos ha enseñado que estamos delante de un colectivo, el de nuestros mayores, con gran exposición a riesgos) con un avance hacia diseños más personalizados (incluso dentro de los propios centros residenciales) y con una mayor potenciación de medidas preventivas. Todo ello aplica también a los servicios de atención en domicilio y la teleasistencia, ganando mucho peso la figura del cuidador como alguien “que también tiene que ser cuidado”.
Adicionalmente, desde el punto de vista de recursos, hemos de ser conscientes de que el día de mañana podremos necesitar ayuda para realizar nuestras actividades cotidianas y, qué a la necesaria cobertura pública, resultará conveniente añadir nuestra previsión de ahorro a largo plazo. El desarrollo de productos específicos en el ámbito financiero-asegurador para la cobertura de dependencia no ha acabado de despegar hasta la fecha ni en España ni en la mayoría de los países, pero es muy probable que seamos las propias personas las que, ante cambios culturales profundos (en los que cada vez queremos más autonomía hasta el final de nuestras vidas, y teniendo en cuenta el menor número de hijos) demandemos coberturas específicas. En este sentido, y a modo de ejemplo, líneas recientes de investigación están dando mucha prioridad al uso del patrimonio inmobiliario de la persona, como medida de financiación de las necesidades económicas que no puedan cubrirse a nivel público en la población de mayor edad. Desde mi punto de vista, es necesario avanzar en este enfoque. Visualizar la vivienda como una forma de ahorro a largo plazo y dotarle de la necesaria liquidez es fundamental en un país como España, caracterizada por un elevado porcentaje de vivienda en propiedad. Y no solo mediante fórmulas de hipoteca inversa, sino también mediante planes de reversión mediante los cuales la persona pueda, por ejemplo, vender la vivienda con un arrendamiento garantizado o compartir la propiedad (Holzmann, Ayuso y Bravo, 2019).
1 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Referencias:
- Alemany, R., Ayuso, M., Guillén, M. (2013) “Impact of road traffic injuries on disability rates and long-term care costs in Spain,” Accident Analysis and Prevention, 60, 95-102.
- Alemany, R., Ayuso, M., Guillen, M. (2018). Impact of home and leisure accident rates on disability and costs of long term care in Spain. UB Riskcenter Working Papers Series 2018-03.
- Holzmann, R., Ayuso, M. Bravo, J. (2019). Hacer uso de la garantía hipotecaria: el potencial del patrimonio familiar para mejorar la seguridad de la jubilación. Documentos de Trabajo Instituto BBVA de pensiones, nº 28, Madrid.
(*) Mercedes Ayuso, Catedrática de Estadística Actuarial por la Universidad de Barcelona, es Doctora en Economía (Premio Extraordinario) y Actuaria de seguros por dicha Universidad. Full member del grupo de investigación Riskcenter-IREA de la Universidad de Barcelona. Entre sus líneas de investigación más relevantes destaca el análisis del riesgo de longevidad y dependencia, economía del envejecimiento, pensiones, natalidad, valoración de daños corporales, tarificación en seguros de vida y generales, y la cuantificación de riesgos, temas sobre los que ha publicado más de 90 artículos en las principales revistas científicas nacionales e internacionales. Ganadora de diferentes premios de investigación (Sociedad Catalana de Economía y otros). Autora de diferentes libros y capítulos de libro relacionados con sus áreas de investigación. Miembro del Foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, del grupo de expertos sobre envejecimiento de la Fundación General CSIC, la European Actuarial Association, la International Actuarial Association, el Instituto de Actuarios Españoles y el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
Ha dirigido diversos proyectos públicos del Ministerio de Economía y Competitividad, así como proyectos de transferencia de I+D al sector asegurador y financiero, e instituciones públicas. Directora del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de Barcelona hasta marzo de 2016, actualmente es Directora del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras de dicha Universidad.
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