Son tiempos de reformas, no solo en España sino también en los principales países de nuestro entorno, en lo que a los sistemas de pensiones se refiere. Existen retos de diversa índole a los que se enfrentan estos países y el objetivo es garantizar la sostenibilidad y suficiencia de los sistemas públicos de pensiones.
Para ello, existen medidas que marcan un denominador común, como incrementar la vida laboral o fomentar la jubilación activa, y otras medidas que ya empiezan a adoptar algunos países y que traspasan al plano de la previsión privada en busca de que los trabajadores se conciencien en la necesidad de asumir una mayor responsabilidad en el bienestar de su futura jubilación ahorrando durante su vida laboral.
Un ejemplo de este tipo de medidas son los sistemas de adhesión cuasi obligatoria a planes de pensiones pertenecientes al ámbito de la empresa en el caso de los trabajadores que se van incorporando a las mismas, como ocurre por ejemplo en Reino Unido.
Pero, ¿cuáles son esos retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones en el medio y largo plazo? Además del reto demográfico, quizá el de mayor calado y el primero que nos puede venir a la cabeza al pensar en el futuro de las pensiones, existen otros desafíos que deberán ser previstos y gestionados.
Cada vez vivimos más años
La esperanza de vida está aumentando de manera considerable, impulsada por los avances en el ámbito de la medicina y la prevención y por el incremento generalizado en los niveles de renta. España, además, se encuentra en los primeros puestos a nivel mundial en el ranking de longevidad.
Si a mediados de siglo pasado la esperanza de vida no llegaba a los 75 años, hacia el año 2050 se estima que pueda superar los 90 años. Esto tiene un impacto muy notable en la estabilidad económica de una sociedad, no ya solo en el ámbito de las pensiones públicas, sino también en el de la sanidad, cuidados y dependencia.
Si un jubilado, en media, no solía percibir su pensión más de 10 años a mediados del siglo pasado, pasaremos a escenarios en los que será habitual que un jubilado sea perceptor de una pensión pública de jubilación durante 20 o 25 años.
Cada vez tenemos menos hijos
Paralelamente, la tasa de natalidad ha descendido y sigue descendiendo de manera muy acusada, lo que sumado al fenómeno de incremento de la longevidad, nos lleva de manera indefectible a estructuras poblacionales más envejecidas.
La tasa de natalidad (en nacimientos por cada mil habitantes) ha pasado del 21,70 de los años 60 del siglo pasado a la tasa actual del 9,15. Esto es sin duda otra medida de tensión para los sistemas de pensiones, en la medida que las nuevas generaciones son los futuros cotizantes del sistema.
La precariedad del mercado laboral
La crisis de 2008 y 2009 incrementó de manera muy drástica el desempleo juvenil, especialmente en España, donde supera las tasas del 50%. Esto tiene distintas implicaciones: Por un lado, hay menos contribuyentes en el sistema al apartar del mercado laboral a jóvenes que podrían estar cotizando y por tanto aportando cotizaciones al sistema. Por otro lado, estos jóvenes están debilitando su futura pensión pública, al incorporarse al mercado con retraso y de manera inestable, lo que puede tener un impacto negativo en sus futuras pensiones.
La salud de las cuentas públicas
La anterior crisis y la actual de COVID19 ha traído otra consecuencia con repercusión en las pensiones: los países han incrementado de manera notable su nivel de endeudamiento, que se verán obligados a reducir paulatinamente. Esto supondrá un esfuerzo presupuestario adicional que podría tener impacto en diversas partidas de gasto.
