Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Suscripción al boletín del Foro de Expertos

Estás en:

  1. Inicio
  2. En los medios

BBVA Mi jubilación - En los medios

Buscador

Fecha de publicación

  • Las pensiones por incapacidad permanente: qué son, grados y prestaciones

    01 de septiembre de 2022

    Autor:  65YMAS

    La pensión por incapacidad permanente es una prestación económica que la Seguridad Social reconoce a un trabajador si, tras un tratamiento prescrito por enfermedad o accidente, una vez dado de alta médica presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que le impiden desarrollar de forma óptima su trabajo.

    INCAPACIDAD PERMANENTE

  • Estas serán las cuantías mínimas de las pensiones en 2022: jubilación, viudedad, incapacidad permanente...

    26 de noviembre de 2021

    Autor:  EL ECONOMISTA

    El inicio del nuevo año conllevará la implantación de un nuevo método de revalorización de las pensiones que todavía está pendiente de la definitiva aprobación parlamentaria. Este método, una de las modificaciones de la primera pata de la reforma de las pensiones ideada por José Luis Escrivá, tiene en cuenta la inflación previa, pero en el caso de las cuantías mínimas la subida ha sido diferente.

    PENSIÓN DE VIUDEDADINCAPACIDAD PERMANENTEJUBILACIÓN

  • Sentencia 721/2020 de 23 de julio de 2020 (Rec. n.º 1117/2018)

    20 de octubre de 2020

    Incapacidad permanente y complemento por la misma regulado en convenio colectivo cuando ésta ha de ser revisada.

    La cuestión que se plantea en este recurso es determinar si un trabajador, al que se le ha reconocido en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por resolución del INSS de 16 de septiembre de 2016 tiene derecho a la indemnización de 28.000 € que, para tal supuesto, fija el convenio colectivo de aplicación. Y ello porque en dicha resolución se hace constar que tal calificación puede ser revisada por agravación o mejoría a partir del día 22 de agosto de 2018.

     

     

    En este sentido, la empresa empleadora del trabajador celebró un contrato de seguro con la empresa aseguradora el día 2 de abril de 2012 que garantizaba, entre otros, los riesgos derivados de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, entendiendo por tal, no obstante, la situación invalidante irreversible (que no prevé una revisión por mejoría) a consecuencia de accidente laboral. En relación a ello, el trabajador alega que la situación de IPT que le ha sido reconocida tiene carácter definitivo y el hecho de que en la resolución de la Dirección Provincial del INSS, en que se reconoció, se hiciera constar que la calificación podría ser revisada por agravación o mejoría a partir del día 22 de agosto de 2018 simplemente responde a la previsión administrativa obligatoria que contiene el artículo 200.2 de la LGSS.

     

    Partiendo de estas circunstancias, el TS comienza su análisis estudiando la cláusula debatida contenida en el convenio colectivo, llegando a la conclusión inicial de que “No define el Convenio que ha de entenderse por incapacidad permanente total”, por lo que habrá de acudirse a la regulación general. En este sentido, entiendo el TS que la declaración de la situación de IPT, derivada de accidente de trabajo, reconocida mediante resolución de la Dirección Provincial del INSS, supone que es previsiblemente definitiva, sin que quepa entender que la misma no es irreversible, tal y como ha entendido la sentencia recurrida. Y ello porque, “en el supuesto de que el INSS hubiera entendido que la situación del trabajador fuera a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría, tenía que haberlo hecho constar en la propia resolución administrativa en la que le declaró en situación de IPT”, pues “si en la resolución del INSS no se contiene dicha previsión, la declaración de incapacidad permanente total es causa de extinción del contrato de trabajo, tal y como resulta del artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores”.

     

    Ante ello, lo más relevante es que, en consonancia con la demanda del actor, entiende el TS que la referencia a la fecha del 22 de agosto de 2018 como momento a partir del cual “podrá” instarse la revisión de la situación del mismo está formulada en unos términos tales que no lleva obligatoriamente a entender que este reconocimiento no fuera definitivo: “no empecé tal conclusión que en la resolución de de 16 de septiembre de 2016 se hiciera constar que la calificación podría ser revisada por agravación o mejoría a partir del día 22 de agosto de 2018, ya que dicha previsión necesariamente ha de figurar en la resolución”, es decir, que se trata, como señalaba el autor, de una obligación administrativa genéricamente formulada que, como tal, no obliga taxativamente a la Seguridad Social a proceder a tal revisión o, dicho de otra manera, que no conlleva que el reconocimiento sea obligatoriamente provisional.

    Para que ello fuera así y, por ende, el trabajador no se encontrara en una situación virtualmente irreversible, la resolución, según el TS, habría de haber señalado taxativamente que “su resolución implicaba la suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo por un período de dos años, circunstancia que no concurre en el asunto examinado”.

    INCAPACIDAD PERMANENTE

  • STS 756/2020 de 10.09.2020 (Rec. n.º 1217/2018).

    19 de octubre de 2020

    Incapacidad permanente, invalidez y orfandad.

    La cuestión que se suscita en este caso consiste en determinar si una persona que tenía reconocida una pensión no contributiva de invalidez puede compatibilizar su percepción con una pensión de orfandad por incapacidad, cuando ambas prestaciones se han reconocido por las mismas lesiones. Concretamente, en el supuesto examinado, la beneficiaria tenía reconocida, desde el 1 de mayo de 2011, una pensión no contributiva de invalidez, siendo que se produce el fallecimiento del padre de la misma el 13 de mayo de 2011, solicitando ésta la correspondiente pensión de orfandad. En ese punto, el EVI propuso calificarla como incapacidad permanente absoluta y el INSS dictó resolución reconociendo la pensión de orfandad, pero sin efectos económicos por incompatibilidad con la pensión de invalidez no contributiva. En ese sentido, el TSJ correspondiente, concluye desestimando la pretensión de la beneficiaria bajo el argumento de que “una misma situación de necesidad se protege a través de una sola prestación, no de varias, de modo que la incapacidad para trabajar que permite al huérfano acceder a la orfandad no puede protegerse también mediante la invalidez no contributiva, que tiene la misma finalidad que la orfandad, cuando ambas derivan de la misma situación de incapacidad”.

    Frente a ello, la beneficiaria, ahora recurrente considera que se han interpretado mal dichos preceptos ya que las respectivas prestaciones responden a finalidades distintas; esto es, protegen situaciones de necesidad diferentes habida cuenta de que incapacidad para el trabajo y discapacidad son conceptos distintos, al igual que lo son las reglas para su apreciación.

    Expuesta la situación el TS parte de recordar la regla general de incompatibilidad entre prestaciones en un mismo beneficiario salvo que una norma disponga en sentido contrario así como la regla específica relativa a que "los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra”. Pues bien, a partir de ello, señala el TS que “la recta interpretación de los preceptos transcritos lleva a la conclusión de que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida […] y precisa que los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra. En este punto la limitación opera entre pensiones del sistema de Seguridad Social, comprendiendo, de forma evidente, a las pensiones no contributivas”.

    INVALIDEZINCAPACIDAD PERMANENTEPENSIÓN DE ORFANDAD

  • Seguros TAR: el Tribunal Supremo contradice a Tributos

    29 de septiembre de 2020

    Autor:  INESE

    En pleno confinamiento, el Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia sobre un asunto de gran importancia para el sector asegurador: las prórrogas o renovaciones de los seguros colectivos TAR no suponen un nuevo contrato en cada renovación, sino que existe un único contrato prorrogado sucesivamente. Ello contradice abiertamente lo que hasta ahora ha sostenido la Dirección General de Tributos.

    SEGUROSINCAPACIDAD PERMANENTETRIBUTACIÓNFISCALIDAD

  • STS 541/2020 de 29.06.2020 (Rec. n.º 1062/2018)

    28 de agosto de 2020

    Jubilación por discapacidad igual o superior al 65% y acceso desde esa situación a la incapacidad permanente en gran invalidez.

    Según los hechos probados del caso, el demandante, tiene reconocida, desde 1973, una incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, habiendo estado prestando servicios para la ONCE, desde el 01.07.1992 al 12.01.2011. El 17.12.1993 le fue reconocida la minusvalía, con un grado de discapacidad del 84%. En 2011 solicitó la jubilación ordinaria la por tener la discapacidad superior al 65%, con cita de jurisprudencia, siéndole reconocido el derecho a la pensión del 90% de la base reguladora con efectos de 01.01.2011. El 02.06.2016 cumplió los 63 años y el 26.09.2016 presenta solicitud de gran invalidez, en revisión de la incapacidad permanente absoluta. El INSS dictó resolución denegatoria el 18.10.2016 porque las dolencias no se habrían agravado lo suficiente como para constituir grado superior.

     

    Impugnada dicha resolución, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda asumiendo la excepción planteada por el INSS, según la cual no puede ser objeto de revisión la incapacidad permanente absoluta al estar en situación de jubilación ordinaria por discapacidad, pues cuando pidió la revisión de la incapacidad permanente que tenía reconocida no era posible al ser jubilado. Ante ello, el recurrente argumenta que la imposibilidad de reconocer la incapacidad permanente derivada de contingencias comunes lo es cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el art. 205.1 a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social, es decir, 67 años o 65 años, según el caso, mientras que en el suyo se adelantó respecto de éstas en virtud del régimen especial para discapacitados.

    Así las cosas, el Tribunal entiende, sin embargo, que la normativa no habilita a la pretensión del recurrente: “a la vista del marco normativo expuesto […], no cabe sino entender que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida”. Para justificar esta posición, señala que “el elemento configurador de la protección por jubilación que aquí interesa es el de la edad de acceso a la misma. Como hemos dicho, la edad general de jubilación es la de 67 años o 65, según se alcancen determinados periodos cotizados. Esta edad, o la que corresponda según el régimen transitorio […] Pues bien, la expresión rebaja o reducción de la edad ordinaria de jubilación no puede entenderse en otro sentido que en el de sustituir el número de años de la general o ordinaria por otra que, en definitiva, también viene a constituirse como edad ordinaria de jubilación establecido para los supuestos expresamente contemplados. Por ello, aunque la denominación de esa jubilación vaya acompañada en el texto legal del término "anticipada", esa edad no deja ser una edad ordinaria para el colectivo al que se le aplica”, refiriéndose con ello a la modalidad de jubilación específoca a que se acogió el autor.

    JUBILACIÓNJUBILACIÓN ANTICIPADADISCAPACIDADINCAPACIDAD PERMANENTE