BBVA Mi jubilación - Fondo documental

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reunido a un grupo de 130 expertos para elaborar un informe con recomendaciones para responder a la crisis del COVID-19. En cuanto al contenido de la estrategia, el informe avanza una propuesta sobre sus elementos esenciales, distinguiendo entre el corto y el largo plazo. Entre las propuestas hechas para el largo plazo, el grupo ha analizado la situación del sistema de pensiones y las respuestas que se deberían dar ante los retos a los que se enfrenta. Principalmente, los expertos insisten en la necesidad de impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la “inaplazable” reforma del sistema público de pensiones, que, según indican, deberá garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones.

El análisis revela que la situación financiera del sistema se ha ido deteriorando con el paso del tiempo debido fundamentalmente a dos factores. Como es sobradamente conocido, uno de ellos es el envejecimiento de la población española, que se ha traducido en un gradual descenso en el número de personas en edad de trabajar que han de financiar cada pensión con sus cotizaciones sociales. Una conclusión más novedosa es que el segundo factor, que sorprendentemente resulta ser cuantitativamente más importante que el primero, es la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y por tanto de los salarios reales.

En este artículo se analizan las posibles consecuencias de la derogación de la reforma de 2013 de la normativa sobre pensiones, introductoria del “Factor de Sostenibilidad” y del “Índice de Revalorización de las Pensiones”. Con este fin, se construyen proyecciones de los ingresos y gastos del sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social hasta 2070 con y sin dicha reforma y se exploran sus implicaciones para las cuentas públicas y para el reparto de la renta entre activos y pensionistas bajo dos escenarios alternativos sobre el influjo de inmigrantes en las próximas décadas. La contrarreforma que parece estar considerándose en la actualidad comportaría un aumento muy considerable del gasto en pensiones en relación al mantenimiento de la normativa actual, lo que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema durante las próximas décadas hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas. Según estos cálculos, en ausencia de otras medidas, este cambio de política añadiría, en promedio durante el próximo medio siglo, entre 3,0 y 3,6 puntos de PIB al déficit anual del sistema de Seguridad Social dependiendo de la evolución de los flujos migratorios.

La productividad es uno de los factores clave para la sostenibilidad y suficiencia de los sistemas públicos de pensiones. En un sistema contributivo y de reparto como el español, la pensión viene a ser una media de los salarios percibidos por el trabajador durante buena parte de su carrera laboral y los ingresos del sistema de pensiones en cada momento dependen de la masa salarial agregada. Puesto que en una economía de mercado los salarios reflejan la productividad del trabajo, al menos a medio y largo plazo, este último factor se convierte en un determinante crucial del nivel sostenible de generosidad del sistema de pensiones y de su salud financiera. Una mayor productividad se traduce directamente en una pensión más generosa a nivel individual y hace posible pagar tales pensiones a nivel agregado. Algo menos obvio pero también muy importante es el papel de la tasa de crecimiento de la productividad. Cuánto mayor sea esta tasa, otras cosas iguales, más generosas podrán ser las pensiones en relación a lo cotizado, o mejor será la situación financiera del sistema dado su nivel de generosidad.

El objeto de este documento es el análisis de cuáles serían los efectos de derogar la reforma de 2013 sobre la pensión de jubilación a través de proyecciones de ingresos y gastos del sistema de pensiones hasta 2070 con y sin dicha reforma. Se concluye que dicha derogación podría suponer un incremento muy significativo del gasto en pensiones. Por otro lado, se sugiere que las posibles reformas deberían transitar no sólo por la necesidad de un incremento de ingresos, sino también por medidas de contención del gasto, apostando por índices de actualización sensibles a la situación financiera del sistema.