BBVA Mi jubilación - Fondo documental

En este artículo se muestra que las instituciones de inversión colectiva (IIC) han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, tanto en España como en los países de nuestro entorno. Esta evolución ha venido acompañada de un aumento del grado de concentración en el sector y del porcentaje del patrimonio gestionado por entidades registradas en el extranjero. En línea con la evidencia documentada a nivel internacional, las carteras de inversión de las IIC domiciliadas en España reflejan un aumento de la asunción de riesgos en los últimos años, aunque el peso de los instrumentos financieros de renta fija de peor calidad crediticia es muy limitado. El sector bancario español y las IIC mantienen vínculos muy estrechos. Por un lado, una parte muy significativa del patrimonio de las IIC españolas está gestionada por instituciones filiales de entidades de depósito nacionales. Por otro, una proporción muy importante de las carteras de inversión de las IIC se compone de activos financieros emitidos por los propios bancos. Por tanto, para valorar la resiliencia de las IIC y del sector financiero en su conjunto es fundamental profundizar en el análisis de estas interconexiones.

Algunos de los principales resultados del estudio radican en que las Comunidades Autónomas incrementaron su patrimonio con respecto a 2018, con crecimientos entre el 7% y el 13% o que casi la totalidad de regiones experimentaron una reducción en su número de partícipes aunque en todos los casos de pequeña magnitud.

este artículo repasa la situación actual de las pensiones en España, planteando tres cuestiones fundamentales: i) ¿cuáles son los objetivos que cumple y debería cumplir el sistema público español de pensiones?; ii) ¿qué implicaciones tienen los cambios demográficos y tecnológicos para el diseño de los sistemas de pensiones que aspiren a alcanzar dichos objetivos?; y iii) ¿cuáles son las estrategias de reforma disponibles y hasta qué punto sistemas alternativos basados en la capitalización del ahorro individual o colectivo pueden constituir una alternativa viable en aras de esos objetivos? Las respuestas a estas cuestiones tienen un componente analítico y técnico, pero también implicaciones socioeconómicas y para la equidad intra- e intergeneracional. Para configurar un sistema público de pensiones del siglo XXI que pueda cumplir los objetivos de sustitución de rentas, aseguramiento de la longevidad y eliminación de la pobreza durante la vejez son necesarias reformas profundas.

La literatura económica muestra una gran incertidumbre sobre los determinantes teóricos y empíricos del ahorro privado. Este trabajo aporta nueva evidencia sobre los principales determinantes del ahorro privado mediante la aplicación de técnicas bayesianas, utilizando datos de las 35 principales economías mundiales en el período 1980-2012. Después de revisar las principales teorías que explican las decisiones de consumo y ahorro, y de discutir los efectos potenciales de los diferentes determinantes, se especifica un modelo general que incorpora las principales variables explicativas consideradas en la literatura, teniendo en cuenta su posible endogenidad. El enfoque Bayesian Model Averaging (BMA) resume la información subyacente en los modelos resultantes de las diferentes combinaciones de las variables explicativas promediando cada especificación según su verosimilitud. Este trabajo encuentra que, a medio plazo, el crédito privado sobre el PIB, el saldo público sobre el PIB, los términos de intercambio, la esperanza de vida y el envejecimiento de la población son determinantes clave del comportamiento del ahorro privado. Por último, se evalúa el efecto a largo plazo de los cambios demográficos esperados en el ahorro privado a escala mundial.

El informe de Natixis mide cuatro pilares: el primero abarca varios indicadores referidos a la salud (esperanza de vida, gasto sanitario por habitante, etc.), el segundo maneja indicadores referidos a la estabilidad institucional y macroeconómica (tasa de dependencia, inflación, tipos de interés, presión fiscal, morosidad, deuda pública, etc.); el tercero, sobre la calidad de vida (calidad del aire, biodiversidad, etc.); finalmente, el cuarto considera la capacidad económica del sistema a la hora de garantizar un nivel de vida suficiente en términos materiales o económicos (renta per cápita, la igualdad de ingresos y tasa de desempleo). Los países mejor posicionados serían Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos, situándose España en el número 32 de los 44 países analizados, es decir, a la altura de Chipre o Hungría.

La reforma del sistema público de pensiones no tiene vuelta atrás, y en pocas semanas los partidos anunciarán las líneas maestras que el Ministerio de Seguridad Social deber seguir para abordar los cambios normativos en la ley que rige el acceso de los españoles a su pensión de jubilación. Más allá de la revalorización y el impulso a la sostenibilidad financiera que pueda aportar la separación de fuentes, las miradas están puestas en esa recomendación 16, que insta al Gobierno a favorecer la adquisición de planes de previsión social complementaria por parte de los ciudadanos que sirvan para complementar y completar la paga que otorga el Estado una vez abandonado el mercado laboral