Para ayudar a los países a mejorar los sistemas de pensiones respaldados por activos (es decir, aquellos sistemas de pensiones en los que los ahorros para la jubilación se invierten para acumular activos que financiarán las pensiones), la edición 2022 del Informe Perspectivas de pensiones de la OCDE ha presentado una serie de recomendaciones sobre:
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cómo introducir, desarrollar y fortalecer los sistemas de pensiones respaldados por activos.
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el papel que los empleadores pueden jugar en el desarrollo de estos acuerdos de pensiones.
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Formas de cobrar gastos de gestión para proteger adecuadamente los activos de jubilación y alinearlos con el coste de los servicios prestados.
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Cómo garantizar la idoneidad de las estimaciones de mortalidad y el diseño e introducción de seguros vitalicios, de las prestaciones, no garantizados.
Estas son las principales conclusiones del informe de la OCDE:
Principios básicos de Regulación de Pensiones de Empleo y Privadas de la OCDE
Según el informe, los legisladores deberían planificar, implementar y monitorear el desarrollo de planes de pensiones de acuerdo con los Principios Básicos de Regulación de Pensiones Privadas de la OCDE. Entre otros:
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Los legisladores deben asegurarse de que exista una estructura legal e institucional adecuada y que se establezcan estructuras de supervisión y regulación de la gobernanza, especialmente reglas adecuadas para los miembros del órgano de gobierno de los planes de pensiones (por ejemplo, las comisiones de control en España). También deben gestionar los riesgos relacionados con los mercados de capital y la inflación, así como contar con mecanismos para proteger los activos y generar apoyo para el cambio.
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Además, los legisladores deben asegurarse de que los reguladores y supervisores cuenten con los poderes y las funciones adecuadas para regular y supervisar los nuevos acuerdos de pensiones (planes de pensiones) respaldados por activos, al tiempo que clarifiquen a los proveedores de pensiones (entidades gestoras) cuál será su papel. Deben abordar cuestiones como los requisitos de concesión de licencias, la recaudación las de contribuciones, el mantenimiento de registros y la notificación de datos.
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Los legisladores deben abordar las deficiencias de la gobernanza a medida que van apareciendo, implementando medidas para mejorar el desempeño de las inversiones, fomentar la competencia para alinear más adecuadamente los gastos de gestión aplicados con los coste de los servicios prestados, abordar la posible pérdida de confianza de las personas en el sistema de pensiones y el bajo conocimiento financiero de la población, así como implementar procesos de gestión de riesgos.
Promover la participación de los empleadores
Reforzar el papel de los empleadores en la provisión de planes por pensiones respaldados por activos (de capitalización financiera) requiere considerar sus motivaciones, así como las ventajas y desafíos potenciales que trae consigo su participación.
La participación de los empleadores en la provisión de planes de pensión ya es importante actualmente en el ámbito de la OCDE, ya que pagan una parte significativa de las contribuciones totales: la proporción de las contribuciones a cargo de los empleadores supera el 50 % de las aportaciones totales en la mayoría de los países de la OCDE, y el 70 % en diez países.
La principal motivación para que los empleadores establezcan un plan de pensiones ocupacional es atraer y retener a los empleados.
La involucración del empleador tiene muchas ventajas. Pueden hacerse cargo de algunos de los costes, diseñar planes de pensiones que coincidan con las preferencias de sus empleados e implementar estrategias conductuales (como automatic enrolment) para aumentar el ahorro de los empleados. Sin embargo, no está exento de desafíos.
Algunos empleadores, en particular los más pequeños, pueden no estar dispuestos a establecer planes de pensiones debido a los costes, la complejidad y la carga administrativa que implican. Además, los trabajadores en formas de trabajo atípicas (ejemplo, tiempo parcial, temporales, etc.) pueden tener un acceso más limitado a los planes de pensiones promocionados por el empleador.
La orientación política para lograr optimizar la participación de los empleadores incluye:
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Tener en cuenta la estructura del mercado laboral y la movilidad de la fuerza laboral.
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Asegurar buenas condiciones en las regulaciones y mercados financieros.
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Reducir las barreras que impiden a los empleadores establecer planes de pensiones.
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Dar flexibilidad a los empleadores para adaptar el diseño del plan, dentro de un marco regulatorio que garantice un trato no discriminatorio entre los trabajadores.
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Promover el uso de estrategias conductuales para fomentar la participación y el ahorro.
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facilitar la provisión de educación financiera a los empleados en las empresas.
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Y proporcionar un marco para la buena gobernanza.
Comisiones y costes de gestión
Según la OCDE, los legisladores deben considerar los distintos impactos que las diferentes estructuras de gastos y comisiones de gestión (y deposito) pueden tener en las personas y en los proveedores de pensiones (entidades gestoras) al establecer o cambiar su estructura de tarifas.
Se pueden cobrar comisiones sobre las contribuciones, sobre los activos bajo gestión o sobre los rendimientos de las inversiones. Se pueden diseñar diferentes estructuras de tarifas de tal manera que el impacto en las personas, en relación a los activos acumulados en el momento de la jubilación y el rendimiento neto alcanzado, sea idéntico.
Sin embargo, mientras que la elección entre diferentes estructuras de tarifas puede ser neutral en términos de costes para las personas, podría no ser neutral para los proveedores de pensiones. Las entidades gestoras pueden tener un incentivo para gravar los activos bajo gestión o los rendimientos en lugar de las contribuciones, excepto en las primeras etapas de la introducción del plane de pensiones. Las tarifas según los resultados de la inversión pueden ayudar a alinear el interés de los proveedores y las personas.
Estimaciones de esperanza de vida y compromisos de prestaciones vitalicias no garantizadas
Según el Informe de la OCDE, los reguladores y supervisores deben garantizar la adecuación de las estimaciones de mortalidad, ya que son cruciales para garantizar de por vida la sostenibilidad de los ingresos de jubilación para los pensionistas.
Las asunciones de mortalidad estimada son un factor clave para determinar la cantidad de activos que se necesitan para financiar una prestación de jubilación vitaliciamente. Sin embargo, establecer estimaciones de mortalidad es un proceso complejo y con muchas incertidumbres. El modelo apropiado deberá considerar los contextos económicos y sociales para comprender mejor las tendencias observadas y esperadas. Las estimaciones también deben adaptarse a la población para la que se utilizarán y asegurarse de que los pensionistas de todas las edades estén cubiertos. Es necesario tener en cuenta las estimaciones sobre futuras mejoras en la mortalidad, para evitar subestimar la esperanza de vida de los pensionistas.
La introducción de acuerdos de prestaciones de jubilación vitalicias no garantizadas tiene el potencial de superar los retos relacionados con la adecuación, la sostenibilidad y la protección de la longevidad, pero requiere superar muchos desafíos prácticos.
Los acuerdos de ingresos de jubilación vitalicios no garantizados brindan prestaciones de jubilación de por vida agrupando el riesgo de longevidad de todos los miembros, pero no requieren la asunción de ninguna garantía por parte la empresa promotora. Como tales, tienen el potencial de invertir para obtener mayores rendimientos, ajustándose las prestaciones para alinearse con los activos disponibles para financiarlas, al mismo tiempo que mitigan el riesgo de longevidad que enfrentan las personas al jubilarse.
Sin embargo, la experiencia en los países miembros de la OCDE muestra que existen muchos desafíos prácticos que deben superarse para introducir este tipo de acuerdos de pensiones.
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